Bahía Blanca | Buenos Aires | Argentina
jueves, 11 de marzo de 2010
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El transporte colectivo deberá exhibir un afiche con la ley que los obliga a transportar a las personas con discapacidad de forma gratuita o mediante sistemas especiales

Mayores derechos para usuarios y consumidores

Solicitan que las nuevas promociones de policía sean destinadas a su lugar de origen para prestar servicio

Solicitan reparar el Hospital  Penna

Emergencia Hídrica en Bahía Blanca

Piden informes sobre la aplicación de la Ley de Talles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


El transporte colectivo deberá exhibir un afiche con la ley que los obliga a transportar a las personas con discapacidad de forma gratuita o mediante sistemas especiales.

La iniciativa parte del senador José María Zingoni, quién a través de un proyecto de ley, busca obligar a las empresas de transporte colectivo terrestre o fluvial, a exhibir en soporte gráfico el artículo 22 de la ley 10592 -Régimen Jurídico Básico e Integral para las personas discapacitadas- que establece la obligatoriedad de transportar a las personas con discapacidad de forma gratuita o mediante sistemas especiales.

El articulo deberá estar expuesto en las boleterías de expendio de pasajes o en algún lugar visible al público. A través de esto, se busca garantizar la información y la aplicación de la ley ya en vigencia. En este sentido, es sabido que son innumerables los trastornos que deben padecer a diario las personas destinatarias de los beneficios en referencia, quienes deben peregrinar de oficina en oficina para hacer valer sus derechos, muchas veces sin siquiera lograr su objetivo. 

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Mayores derechos para usuarios y consumidores

El senador José María Zingoni, elevó a la Cámara alta provincial un proyecto de ley para dotar a los consumidores de mayor protección frente a las nuevas prácticas comerciales abusivas llevadas a cabo por empresas vendedoras de bienes y/o servicios.

El proyecto tiene como finalidad la búsqueda de medios de solución de conflictos más sencillos y rápidos para que los consumidores y usuarios bonaerenses puedan hacer valer sus derechos de un modo más eficiente.

En el mismo, se plantea que el proveedor deberá suministrar en forma clara y detallada toda la información relacionada con el servicio que brinda, como así también todos los aspectos relacionados con su comercialización. A su vez, obliga a las empresas a respetar los plazos y condiciones conforme a lo ofrecido inicialmente y manifiesta que toda contratación de servicios que haya sido realizada en forma telefónica, electrónica o con tecnología similar, podrá ser rescindida por el consumidor mediante el mismo medio.
 
Al respecto, Zingoni manifestó que “es de suma importancia para todos los bonaerenses que se logren mecanismos en defensa de los consumidores, los cuales muchas veces se encuentran en una situación de desamparo frente a las empresas prestadoras de bienes y servicios, para con las cuales se hace muy difícil la rescisión del servicio, provocando indignación e impotencia en los usuarios”

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Solicitan que las nuevas promociones de policía sean destinadas a su lugar de origen para prestar servicio

 
A través de un proyecto de declaración, el Senador José María Zingoni, solicitó al Ministerio de Seguridad que los cadetes egresados de la Escuela de Policía de la provincia de Buenos Aires sean destinados, para desempeñarse, a su lugar de origen o zonas de influencia.

 

El destino asignado para prestar servicio a cadetes egresados de la última promoción de la escuela de policía provincial ha causado malestar y preocupación en los familiares y autoridades de los municipios afectados. Sucede que se les ha asignado un destino diferente al que se les había prometido inicialmente, a la hora de entrar a la fuerza.

Los inconvenientes no tardaron en presentarse, ya que los jóvenes, aún sin experiencia, fueron enviados a zonas alejadas de su lugar de residencia. Es decir que, a los importantes niveles de desarraigo se suma la dificultad de tener que ejercer en sitios con realidades sumamente distintas a las de su lugar de origen.

Además, las limitaciones económicas que esto genera no son menores. Deben procurarse un lugar para subsistir y a su vez contar con los recursos suficientes para volver a ver a sus familiares, situación que se torna insostenible debido a los magros ingresos que reciben.

Es por esto que el legislador solicitó al Ejecutivo provincial que revierta la situación de los cadetes, para facilitar y mejorar la realidad laboral de los mismos.


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Solicitan reparar el Hospital  Penna


A través de un proyecto de declaración, el senador José María Zingoni, solicita al Ministerio de Salud Provincial que analice íntegramente y repare las falencias que presenta la infraestructura edilicia del Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. José Penna”.

Denuncias realizadas recientemente por vecinos evidencian el completo estado de precariedad en la que se encuentra el Hospital Penna. Falta de calefacción, pérdidas de agua, techos que se llueven, falta de agua caliente en sanitarios, olor nauseabundo en el subsuelo por filtraciones de lo que se supone son líquidos cloacales, hacen que concurrir al mencionado nosocomio sea un problema más que una solución.

La realidad es que los hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires nunca se han caracterizado por sus buenas condiciones edilicias. Sin embargo, existen casos en los que la situación ya se torna inaceptable y el Hospital Penna es uno de ellos. Lo concreto es que se trata de una infraestructura que ya tiene 25 años y que requiere de forma urgente una revisión integral.

Por esta razón,  Zingoni presentó ante la cámara alta provincial este proyecto de declaración, con el fin de que se lleve a cabo un análisis de las falencias que presenta el hospital, a efectos de proceder a una rápida reparación de las fallas denunciadas para garantizar la digna prestación de los servicios que allí se brindan.

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Emergencia Hídrica en Bahía Blanca

A través de un proyecto de ley, el Senador provincial José María Zingoni, busca declarar a esta ciudad en estado de “emergencia de carácter hídrico”. La iniciativa se presenta a raíz de la grave situación que padecen los vecinos de dicha localidad en relación al suministro de agua.

En la última década, la ciudad de Bahía Blanca ha padecido numerosos inconvenientes relacionados con la potabilización, provisión, distribución, tratamiento y evacuación del agua de red.

Sin embargo, la situación se ve ahora aún más agravada por las escasas lluvias registradas en la zona serrana, lo que impacta en el nivel del Dique Paso de las Piedras que es quién provee agua a la zona y que según especialistas, su capacidad de almacenaje está ahora en un 25% y  próximo a entrar en alerta amarilla.

A esto se suma la interminable e histórica postergación de las obras necesarias para prevenir situaciones cómo las que hoy viven los vecinos.

Es por esto que el senador plantea declarar el estado de emergencia hídrica, en el marco de la ley 11.340 “por el término que demande la realización de las obras necesarias destinadas a garantizar en cantidad y calidad, la prestación del servicio de agua”

El proyecto presentado por Zingoni plantea también que se suspendan las subas tarifarias aplicadas por ABSA en Bahía Blanca y Coronel Rosales, hasta tanto no se solucionen los problemas estructurales relacionados con el tema.

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Piden informes sobre la aplicación de la Ley de Talles

El senador José María Zingoni, requirió a la Dirección Provincial de Comercio a través de un Proyecto de Solicitud de Informes, detalles sobre la aplicación de la ley 12.665 denominada “Ley de Talles” , y solicitó que manifieste las sanciones que hasta el momento han sido aplicadas por su incumplimiento.

La Ley de Talles entró en vigencia el 21 de diciembre de 2005, estableciendo que todos los fabricantes de ropa para “mujer adolescente” deben contar, para su oferta al público, con al menos seis talles (del 40 al 48) y que, en caso de incumplimiento, ya sea de confección o de stock, los comerciantes deben pagar severas multas o incluso sufrir la clausura del local.

Si bien ya se han cumplido más de tres años desde la implementación de la ley, la realidad es que los comercios están lejos de acatar la norma, basta con recorrer los negocios para constatarlo. De hecho, inspecciones realizadas por el gobierno provincial a principios de diciembre del 2008 revelaron un incumplimiento del 75 %.

Es por estos motivos que el legislador solicita un informe detallado de las penas que deberían haber sido aplicadas ante la falta de acatamiento de una ley que, no sólo se limita a abastecer de talles a la sociedad adolescente femenina en su totalidad, sino que se hace necesaria para que no se sientan discriminadas ante una realidad que permanentemente impone estándares de delgadez a veces peligrosos. 

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