El Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (IPS) fue creado mediante la ley Nº 5.425 en el año 1948, con la finalidad de orientar la política de Previsión Social en la Provincia. Se encuentra respaldado por la Constitución Bonaerense que establece que: “La Provincia ampara los regímenes de seguridad social emergentes de la relación de empleo público provincial. (…) con autonomía económica y financiera administradas por la provincia con participación en las mismas de representantes de los afiliados (…)”.

Durante el gobierno del ex gobernador Carlos Ruckauf se había anunciado un posible traspaso del IPS al ANSES, en base a un supuesto déficit de la caja provincial. A fines de paliar ese déficit, se propuso un cambio en la forma de liquidar las jubilaciones de los agentes municipales y provinciales. En 2004, el entonces presidente Néstor Kirchner y el también entonces gobernador Felipe Solá firmaron el convenio 400, por el cual definieron que el Estado Nacional asume el compromiso de financiar el déficit que registren los regímenes previsionales bonaerenses.

El andamiaje jurídico de esta interrelación entre los Estados nacional y provincial, había sido establecida con la ley 25.235 sancionada el 15 de diciembre de 1999 que establece -entre varios aspectos de distintos acuerdos económicos entre la Nación y las provincias- en su artículo 12º que “el Estado Nacional financiará con recursos provenientes de Rentas Generales los déficit globales de los sistemas previsionales provinciales”.

 En el mencionado acuerdo Federal, se dispone que estas provincias “armonizarán en un plazo de 180 días sus sistemas integrados de jubilaciones y pensiones para sus beneficiarios futuros en función de las pautas nacionales en cuanto al régimen de aportes y contribuciones, así como de los requisitos para acceder a beneficios en el futuro”. 

En este contexto fue suscripto el convenio 400/04.

Sin embargo, la información pública indica que si bien existe un déficit importante en la Caja de Retiro, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y en la Caja Jubilaciones Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de Empleados de la Provincia, el Instituto de Previsión Social Bonaerense en el 2004 arrojó un superávit superior a los 109 millones de pesos, suma que se mantuvo en ascenso y llegó a los 509 millones el año pasado. Tomado en su conjunto, el sistema no exhibe déficit alguno.

Entendemos, que si bien debemos readecuar las políticas en las cajas deficitarias, no debemos ser partícipes de un acuerdo que constituye un ataque a la autonomía provincial en lo que respecta al régimen de jubilaciones y pensiones y no hace más que poner en vilo cuestiones altamente sensibles relacionadas con la movilidad automática, la fijación de topes en los haberes previsionales, requisitos para jubilarse y el sistema de reciprocidad entre cajas.

No se nos puede pasar por alto que el Poder Ejecutivo Provincial no ha enviado a esta legislatura el convenio aludido para que éste sea ratificado o rechazado, por lo que el convenio, jurídicamente, no tiene vigencia en tanto afecta aspectos de incumbencia legislativa.

Pese a ello, como es de público conocimiento, el estado nacional ha remitido fondos en virtud de este acuerdo y el Poder Ejecutivo provincial, parece actuar como si la ratificación legislativa no fuere necesaria para la vigencia de aquel.